A veces hemos de alegrarnos, aunque sea moderadamente, de que los retrocesos tecnológicos supongan avances morales.Cuando parecía que el terreno se posicionaba adverso para la prohibición de las llamadas bombas clúster o racimo, la ONU y numerosas ONG lideradas por Cruz Roja y Greenpeace, han atraido hacia sí a 111 naciones y han conseguido, en una reciente convención, prohibir, "bajo cualquier circunstancia, el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo", estableciendo un período puente de 8 años para destruir el arsenal ya existente.
Si bien, como en todo acuerdo internacional, hay que colocar un significativo "pero", puesto que en esta ocasión se han desmarcado del documento productores de singular trascendencia como Estados Unidos, Rusia, China o India.
Las bombas de racimo son recipientes que contienen varias decenas o centenas de pequeñas municiones que pueden llegar a abarcar un área importante, que no discriminan un blanco concreto y que, llegado el caso, pueden no detonarse y ejercer de minas anti-persona a posteriori.
Es por ello que, aunque la convención suponga un avance en el sendero adecuado, las consecuencias de las bombas clúster seguirán produciéndose durante largo tiempo, por lo que no podemos menos que exigir a los firmantes que lo ratifiquen cuanto antes, lo plasmen en normativa estatal y procuren medidas concretas para resarcir los daños causados, facilitando asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, exigiendo la rúbrica de los gobiernos que se han desmarcado tajantemente y una designación de puntos conflictivos en los que se hayan vertido dichas municiones para proceder a retirarlas en la medida de lo posiblel, evitando la lamentable pérdida de vidas humanas.
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